Por José Rafael Alas Vides

Licenciado en Economía y egresado de Maestría en Política Económica con énfasis en innovación.

Laura Daniela Pacheco Alas

Licenciada en Economía y estudiante de la Maestría en Políticas Públicas.

Resumen

La pandemia del COVID-19 se presenta como uno de los mayores retos que enfrenta el mundo en los últimos cien años y principalmente para economías subdesarrolladas como El Salvador, dadas sus condiciones económicas previas al año 2020. Al ser un escenario extraordinario, es necesario prever las principales afectaciones y su abordaje desde el gobierno para aminorar el impacto en la medida de lo posible. Para ello, el objetivo de este artículo es analizar las condiciones previas, los principales impactos y recomendaciones de política en materia económica ante la pandemia del COVID-19 con énfasis en El Salvador, para un corto, mediano y largo plazo en nueve áreas específicas. El artículo sigue un método cualitativo de análisis documental de los puntos de vista de las principales instituciones financieras internacionales y organismos de desarrollo económico cuya presencia está en la región centroamericana y El Salvador. Como resultado se obtuvo que el país, por sus condiciones previas a la pandemia, se encontraba en una fase altamente vulnerable para enfrentar choques, principalmente en el sector fiscal y de salud, y una de las características de la pandemia COVID-19 es afectar precisamente esas dos áreas. Por tanto, se identificaron recomendaciones para prevenir la profundización de desigualdades económicas y sociales, subrayando acciones clave de corto plazo, y para la reactivación económica.

Abstract

The COVID-19 disease is presented as one on the biggest challenges that the world faces in the last one hundred years, mainly for the underdeveloped economies like El Salvador, given its previous economic conditions by the 2020 year. Being an extraordinary setting, it is necessary to foresee the main affectations and their approach from the government to reduce the impact in the best possible way. To do that, the objective of this article is to analyze the the previous conditions, main impacts and economic policy recommendations in light of the COVID-19 disease with focus in El Salvador, for a short, medium and long term in nine specific areas. The article follows a qualitative method of documental analysis of the points of view from the most important international financial institutions and economic development organizations whose presence is in the region of Central America and El Salvador. As a result, it was obtained that the country due to its pre-pandemic conditions was in a highly vulnerable phase to face shocks, mainly in the fiscal and health sector, and one of the characteristics of the COVID-19 pandemic is to affect precisely those areas. Therefore, recommendations were identified to prevent the deepening of economic and social inequalities, underlining key short-term actions and for economic revival.

Palabras clave

Políticas públicas, pandemia, reactivación económica, planificación.

1. Introducción

El mundo se ha visto afectado desde la primera mitad del año 2020 por una pandemia que cada vez se extiende más y genera mayores consecuencias, cobrando vidas humanas y afectando los medios de vida. La enfermedad del COVID-19 se presenta como uno de los mayores retos que enfrenta el mundo en los últimos cien años.

El surgimiento y expansión de esta pandemia ha sido acelerado: la Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica en redes sociales de la existencia de un cluster de casos de neumonía en Wuhan, en la provincia de Hubei, China el 4 de enero de 2020. Posteriormente se declara que el brote de nuevo coronavirus 2019-nCoV como una Emergencia de Salud Pública de materia Internacional el 30 de enero, el 11 de febrero la OMS denomina a la enfermedad COVID-19 como también nombra al virus SARS-CoV-2 causante de esta. Finalmente, el 11 de marzo, la OMS declara al COVID-19 como una pandemia, el tiempo ha pasado (WHO, 2020). Para esta fecha, el virus ya se encontraba en fase de expansión por el mundo.

Durante este tiempo, la pandemia se ha traducido en el mundo, en la región y en el país en un creciente número de contagios y fallecimientos; así como impactos a la actividad económica. Lo anterior ha llevado a los gobiernos a tomar medidas para sobrellevar la crisis a la que se enfrentan. Múltiples entidades económicas, instituciones financieras internacionales, centros de pensamiento y sector académico en general han generado aportes en torno a los impactos y afectaciones en materia económica, así como recomendaciones en medida de política económica.

Dentro de la región, El Salvador tuvo las acciones más tempranas y restrictivas. El 16 de marzo se restringen vuelos internacionales, un día después se cierra el aeropuerto de El Salvador. Para el 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba el Decreto número 593: “Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural”, que elevaba el nivel de alerta en el país. El primer caso llegaría el 18 de marzo al país, que llevaría al Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud a aprobar el 21 de marzo el Decreto número 12: “Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a control Sanitario a fin de contener la Pandemia COVID-19”, traduciéndose en una cuarentena obligatoria por 30 días, que se ha extendido hasta mediados de junio, donde el día 13 de junio se especifica el 16 de junio como la fecha de inicio de reapertura gradual de la economía (FUNDAUNGO, 2020).

Es en este contexto donde el presente documento se busca recopilar, sistematizar y analizar los principales aportes realizados por las entidades previamente mencionadas, adaptadas a la realidad específica del país, para proporcionar un insumo en materia económica ante la crisis que se vive.

El artículo divide el apartado de resultados en tres secciones: antecedentes de la situación económica donde se revisan las tendencias de principales indicadores a nivel global y regional, proyecciones realizadas y el panorama que se tenía en materia económica. Posteriormente se pasa a una descripción de los principales efectos e impactos de la pandemia en las áreas especificadas, incluyendo nuevas proyecciones que toman en cuenta la nueva situación que se vive. Se pasa a una revisión de principales recomendaciones de política económica o acciones del sector público ante la crisis, nuevamente haciendo énfasis en las áreas delimitadas. Por último, se pasa a presentar las principales conclusiones del análisis realizado, y un apartado de elementos a tomar en cuenta para el contexto del país.

2. Problema de investigación

La investigación aborda la identificación de las condiciones a las que se enfrentaba la región y en específico El Salvador ante la pandemia del COVID-19, sus efectos e impactos principales en la actividad económica aplicables, así como de recomendaciones de política económica a corto, mediano y largo plazo que se presentan y que requieren ser considerados el contexto actual del país.

El presente documento se plantea ser un análisis a partir de una recopilación bibliográfica que identifique los elementos comunes de los informes y estudios de principales entidades financieras internacionales y organismos para el desarrollo económico regionales y nacionales realizados a la fecha en torno a las condiciones económicas de los países previo a la pandemia, los impactos y efectos así como de las recomendaciones y elementos de política económica a corto, mediano y largo plazo; para remarcar aquellas en el contexto y situación estructural específica de El Salvador.

El documento se convierte en un insumo para el análisis académico y para “policymakers” en el país, contribuyendo a brindar una visión más clara de los principales puntos y sectores que son afectados, y aquellas acciones o recomendaciones en materia de política económica que deben ser consideradas para el país con el fin de sobrellevar la crisis de manera exitosa.

Analizar las condiciones previas, los principales impactos y recomendaciones de política en materia económica ante la pandemia del COVID-19 con énfasis en El Salvador, para un corto, mediano y largo plazo.

3. Método

El artículo sigue un método cualitativo de análisis documental (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), donde se obtienen los documentos a partir de búsquedas en sitios web oficiales de las entidades seleccionadas, para su posterior sistematización y organización de la información a través de un cuadro de análisis, donde se desglosa en tres principales categorías: antecedentes y condiciones económicas previas a la pandemia, impactos y efectos principales en la actividad económica, y recomendaciones y acciones de política económica a seguir. El análisis de estas últimas dos se especifica en nueve áreas, seleccionadas dado el contexto del país en su estructura económica y la importancia recibida dentro de los mismos documentos a estas áreas. Estas áreas son: fiscal; financiero; micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMEs); pobreza; laboral; remesas; innovación; salud; producción y crecimiento económico. Se agrega un apartado específico de elementos en torno a la formulación de políticas económicas en el contexto de la pandemia.

Se especifica el análisis por las áreas determinadas en tres periodos de tiempo:

Corto Plazo: Periodo que incluye el tiempo de aplicación exclusivamente de medidas de aislamiento, cuarentenas y paralización de la actividad económica.

Mediano Plazo: Periodo que incluye la reactivación económica gradual complementada con medidas de contención.

Largo Plazo: Periodo posterior a la reactivación, de superación de la crisis y regreso a la “normalidad” de la actividad económica.

Se realiza un muestreo no aleatorio, con una muestra variada (Hernández et. al., 2014) a partir de una selección de documentos, informes técnicos y presentaciones de principales instituciones financieras internacionales y organismos de desarrollo económico cuya presencia esté en la región y el país. En la selección se tomó en cuenta específicamente  aquellas instituciones financieras con las que el país se encuentre realizando solicitudes de préstamo, organismos de desarrollo que han ofrecido su apoyo en la generación de propuestas ante la crisis y de reactivación.

Para la investigación se recopilaron y analizaron 19 documentos (que incluyen informes técnicos, presentaciones, comunicados y propuestas) seleccionados por su impacto, número de descargas, contenido de impactos y recomendaciones económicas, y consideración por parte de las autoridades del sector público. Se exponen a continuación:

Tabla 1. Documentos revisados y analizados para la elaboración del artículo.

Se remarca la inclusión de perspectivas para la región de América Latina y el Caribe, Centroamérica y El Salvador, lo que proporciona una visión del país en un contexto donde las condiciones regionales afectan e inciden en el panorama del país.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

4. Resultados

4.1 Condiciones económicas previas a la pandemia del COVID-19

Existe un consenso sobre dos principales características económicas del mundo previo a la pandemia. En primer lugar, la economía mundial mantuvo un desempeño débil principalmente después de 2009 con tasas de crecimiento del PIB anual solo cercanas al 2.5%; la segunda característica es que el comercio se desaceleró influenciado principalmente por la acumulación progresiva de barreras comerciales desde inicios de 2018, muchas provenientes de las fricciones entre Estados Unidos y China (CEPAL, 2020a y 2020b) que según la OCDE (2020) están detrás de la debilidad de la demanda global, del comercio y de la inversión.

Dado este escenario también se pueden distinguir factores específicos en el comportamiento de las economías latinoamericanas previas al COVID-19. La región en su conjunto se encontraba en un momento de vulnerabilidad macroeconómica, y su crecimiento prácticamente se paralizó en 2019. Ante esta decadencia en términos generales también imperó la necesidad de hacer ajustes fiscales de diferentes niveles ya que, de hecho, varios países presentaban un nivel de endeudamiento alto, limitado espacio para aumentar el gasto fiscal, bajo nivel de ingresos y un creciente pago de intereses (BID, 2020; CEPAL, 2020b) por lo que la región se encontraba en una situación fiscal más débil para responder a la pandemia que cuando ocurrió la crisis económica de 2008/2009 (Blackman et. al.,2020). Cabe destacar que hay una diferenciación importante entre naciones producto de las brechas entre el funcionamiento de las redes de protección social para población vulnerable y su amplitud (Blackman et. al., 2020), como explica CEPAL (2020c) los problemas relacionados con los sistemas de protección social acentúan los efectos de la pandemia derivado, entre otras cosas, de las altas tasas de informalidad y brecha de acceso a la protección social contributiva, además que pocos países cuentan con prestaciones de desempleo.

La situación regional describe a grandes rasgos el caso particular de El Salvador, sin embargo, es necesario resaltar que, como Blackman, et. al. (2020) señalan, es uno de los países que por su situación previa al COVID-19 presentaría tasas de interés más elevadas en los mercados internacionales y aunque hay esfuerzos por generar superávit primario para afrontar la crisis fiscal (CEPAL, 2020c), el gasto del gobierno central y el creciente pago de intereses son situaciones a las que no se podrá superponer la economía frente a la pandemia.

4.2 Impactos y efectos económicos principales por la crisis. 

Salud: Todos los documentos coinciden en que los sistemas de salud son los que sufren más el impacto de la pandemia y se ven afectados seriamente por la mayor carga en estos, sobretodo en países en vías de desarrollo (como El Salvador), también se especifica que las medidas de contención que se tomen determinan la magnitud de los costos económicos en los países, dependiendo del tipo, magnitud y duración (CEPAL, 2020a; Nuguer y Powell, 2020). Se han requerido medidas de aislamiento, cuarentenas, encierro y paralización de la actividad económica o actividades a distancia para disminuir la difusión del virus (CEPAL, 2020b; IMF, 2020, WB, 2020). Sin embargo, medidas de higiene, estándares sanitarios y distanciamiento social se vuelven difíciles de implementar en algunos países en desarrollo (UN, 2020). En estos,  los sistemas poseen escasos recursos, son insuficientes, con escasos recursos y fragmentados, con acceso desigual según nivel de ingreso y lugar de residencia; presentando también menor preparación y por ende, mayor vulnerabilidad a pandemias (CEPAL, 2020a; UN, 2020; WB, 2020).

Producción y crecimiento económico: A nivel mundial, se enfatiza que la pandemia tendrá efectos tanto en la oferta como en la demanda agregadas y sectoriales, así como un shock financiero (BM, 2020; CEPAL, 2020a; FUSADES, 2020; Nuguer y Powell, 2020; SIECA, 2020; WB, 2020). Lo anterior se traduce directamente en disminución de la tasa de crecimiento, con proyecciones negativas para los primeros trimestres del año 2020 (BM, 2020; BID, 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; CEPAL, 2020a y 2020b; FUSADES, 2020; ICEFI, 2020b; IMF, 2020; Nuguer y Powell, 2020; OECD, 2020; SIECA, 2020). La magnitud del impacto depende de las condiciones internas de las economías, duración de la pandemia, comercio mundial, cambios de comportamiento, efectos de confianza, medidas económicas y sociales para prevenir contagio, etc. (CEPAL, 2020a; IMF; 2020; Nuguer y Powell, 2020). A nivel de América Latina y el Caribe, los canales de transmisión externos principales se refieren a disminución en la actividad económica de socios comerciales (principalmente EEUU), caída de precios de productos primarios (afectando exportaciones), interrupción en cadenas globales de valor, remesas, menor demanda de servicios (sobre todo turismo) (CEPAL, 2020a y 2020b; ICEFI, 2020a; FUSADES, 2020; Nuguer y Powell, 2020; UN, 2020), mientras que internos se encuentran principalmente una reducción de producción de industrias por medidas de contención que se traduce en afectaciones al mercado laboral y los ingresos (BM, 2020; CEPAL, 2020c; FUSADES, 2020; SIECA, 2020; WB, 2020). Se remarca la dificultad en el pronóstico de la magnitud de la recesión ante el alto grado de la incertidumbre respecto a la pandemia (BM, 2020;  BCIE, 2020; BID, 2020; ICEFI, 2020a; ICEFI, 2020b; IMF, 2020). En Centroamérica, la caída del crecimiento económico se espera entre -2.3% (CEPAL, 2020b), a -2.9% y hasta -6.9% (SIECA, 2020), y recientemente de -3.6% (WB, 2020). Para El Salvador, se espera una caída en el PIB de un -4.3% (BM, 2020), de un -5.9% para 2020 (Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020), y en las más recientes proyecciones se estima una disminución del  -5.4% del PIB en el presente año (WB, 2020).

La tasa de crecimiento económico se disminuiría en las economías, abarcando esta contracción hasta un mediano plazo sin una rápida recuperación (CEPAL, 2020a; IMF, 2020). A largo plazo se extienden los efectos de oferta y demanda agregada, esperándose deterioro en capacidades productivas, posible perjudicación del crecimiento económico e incertidumbre elevada (BM, 2020; CEPAL, 2020a; IMF, 2020). Una prolongada ralentización económica afecta de forma adversa la implementación de la agenda 2030 de los ODS y el Acuerdo de París en materia de Cambio Climático (UN, 2020). Existe la probabilidad de que, con medidas económica adecuadas y control de la pandemia, se daría un “rebote económico” para el año 2021, normalizando condiciones financieras y liberando la demanda (SIECA, 2020; WB, 2020)

Fiscal: El impacto del COVID-19 se visualizará tanto en los ingresos como en los gastos. Por un lado, los ingresos fiscales disminuirán producto del paro de la actividad económica (BCIE, 2020; Nuguer y Powell, 2020; SIECA, 2020) y, por el otro, la necesidad de refuerzos presupuestales (BCIE, 2020) en el ramo de salud, transferencias monetarias a hogares vulnerables y apoyo a sectores productivos y municipalidades afectadas (Nuguer y Powell, 2020) generarán un aumento significativo del gasto además de un desplazamiento que hará que hará que la inversión pública para 2020 disminuya aún más (BCIE, 2020). En consecuencia, las medidas fiscales en Centroamérica podrían cuadruplicar el déficit fiscal y aumentar la deuda (BCIE, 2020; ICEFI, 2020b; SIECA, 2020; WB, 2020) en 7.6% (Nuguer y Powell, 2020) que podrían conducir a riesgos de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal (ICEFI, 2020b) así como defaults y crisis financiera en muchos países (WB, 2020). Lo anterior, será más palpable en países como el caso salvadoreño con espacio fiscal reducido (CEPAL, 2020a; WB, 2020) poniendo en peligro el gasto social que ya está sometido a tensiones por el lento crecimiento económico. (CEPAL, 2020a; SIECA, 2020).

Para 2020 en El Salvador se espera que los niveles de endeudamiento superen el 90% con respecto al PIB en 2020 y una contracción económica del 8% (ESEN, 2020) mientras que la carga tributaria podría disminuir de 18.2% a 16.5% y el déficit fiscal pasaría de -1.9% a -13.1% (ICEFI, 2020a). Cabe destacar que la asistencia internacional cumplirá un rol importante (WB, 2020; FUSADES, 2020) desde diferentes aristas, entre ellas el manejo de la deuda.

Financiera: Uno de los principales shocks ha sido a través del canal  financiero, manifestándose en una reducción de la liquidez por razones como disminución de demanda interna, paralización de la actividad económica, disrupciones en cadena de pagos y pérdidas en rentabilidad y riqueza; situación que implica para países en desarrollo mayores salidas de capital y aumento de costos de financiamiento (BM, 2020; BCIE, 2020; BID, 2020; CEPAL, 2020a; FUSADES, 2020; UN, 2020). Otra razón para esta situación es por la volatilidad y caída en los precios de los commodities (IMF, 2020; UN, 2020; WB, 2020). Esto significa una inestabilidad en mercados globales financieros por la incertidumbre sobre la intensidad y duración de la pandemia, traduciéndose en un empeoramiento de condiciones financieras que lleva a menor demanda de activos financieros y mayor demanda de activos futuros, agravando la contracción financiera (CEPAL, 2020a; FUSADES, 2020; IMF, 2020; OECD, 2020). En El Salvador, el mercado financiero se presenta adverso, con tasas de interés elevadas para LETES (9.5%), y fuertes caídas en el precio de sus bonos, significando deterioro en las condiciones de acceso a financiamiento, obligando a buscar financiamiento en instituciones multilaterales en lugar de mercados financieros (Nuguer y Powell, 2020; FUSADES, 2020).

En un mediano plazo, existe la probabilidad de que empresas se declaren insolventes a medida enfrenten sus costos y vean sus ingresos caer, implicando una situación de bancarrota donde instituciones financieras pueden correr riesgo ante un incremento en la morosidad de la deuda, aumentando ahorros precautorios en hogares por pérdida de confianza y solvencia de empresas en sus inversiones, significando para estas dificultades en el acceso a crédito y una amplificación del shock económico agravando la situación financiera (BM, 2020; CEPAL, 2020b; SIECA, 2020).

Pobreza: A corto plazo, menores salarios e ingresos debido a la situación negativa en el empleo por las medidas de contención ante la pandemia, se traducen en aumentos de la pobreza y pobreza extrema (BM, 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; CEPAL, 2020a; CEPAL, 2020c; Nuguer y Powell, 2020; SIECA, 2020). En El Salvador, los impactos se estiman de un aumento del 4% de la pobreza (BM, 2020; CEPAL, 2020b) Los impactos serían mayores en grupos vulnerables: personas con problemas de salud subyacentes, adultos mayores, jóvenes desempleados, personas subempleadas y en el sector informal, mujeres, migrantes. (Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; CEPAL, 2020a; SIECA, 2020; UN, 2020). Países con un gran sector informal, con sistemas de protección limitados o inexistentes tendrán mayores efectos en términos de aumento de pobreza (Blackman et. al., 2020; OECD, 2020; UN, 2020). Un efecto que se relaciona es un aumento de la desigualdad (CEPAL, 2020a y 2020c; Nuguer y Powell, 2020).

Tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, sistemas de protección social contributiva tendrán una mayor demanda de prestaciones de licencias de enfermedad de empleados del sector formal, mientras que  sistemas de protección social no contributiva verán la necesidad de ser ampliados a familias de bajos ingresos con riesgo de caer en pobreza según CEPAL (2020a)

Laboral: A corto plazo, y por consenso, la suspensión de la actividad productiva interna derivará en mayores niveles de desempleo (BMl, 2020; CEPAL, 2020b ICEFI, 2020a; IMF, 2020; SIECA, 2020) y por ende el subempleo aumentará (UN, 2020) como una estrategia de supervivencia forzando a grupos más vulnerables como niñez y adolescencia a insertarse al mercado laboral de manera irregular (CEPAL, 2020a); los salarios e ingresos se verán afectados negativamente (CEPAL, 2020b; OECD, 2020; SIECA, 2020); y habrá una mayor precarización de la calidad del trabajo (CEPAL, 2020c). Las condiciones anteriores llevarían a muchos hogares a una situación de pobreza con impacto mayor en la población vulnerable. Por otro lado, las actividades de cuidado producto de la cuarentena tendrán impacto en la participación de padres y principalmente madres en el mercado laboral, y las mujeres sufrirán sobrecarga de trabajo no remunerado (CEPAL, 2020a y 2020b). Por el lado de las empresas se presentará una importante disminución de ingresos, aumento de insolvencia y, por tanto, pérdida de puestos de trabajo en sectores específicos . Lo anterior se manifiesta con mayor profundidad en las MIPYMES que son el sector que genera más empleos formales, dejando a sus trabajadores en condiciones desfavorables (Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; CEPAL, 2020a y c).

A mediano y largo plazo se prevé un importante deterioro de los indicadores laborales, es probable que la desaceleración de la creación de empleos afecte el crecimiento de los ingresos y el persistente crecimiento débil de la productividad (IMF, 2020; OECD, 2020). Además, esta disminución de salarios y horas de trabajo dará pie a la reducción de la demanda agregada (CEPAL, 2020a). Cabe destacar que para FUSADES (2020) el empleo se verá afectado por dos vías, una es la del shock de la emergencia relacionadas con medidas de distanciamiento social, y otra es la de la recesión internacional que reducirá fuentes de empleo, lo que coincide con que para SIECA (2020) los efectos en la región SICA serán prolongados no solo por la ralentización de la economía sino por la interrupción en la cadena de suministros generando desabastecimiento así como reducción de ingresos de los hogares producto del cese de empleos en un contexto de pérdida de confianza de los consumidores. Asimismo, por el solo aumento del desempleo significa un aumento del GINI para Latinoamérica entre 1% y 2% (CEPAL, 2020c). Finalmente, también se prevé la prevalencia del teletrabajo (CEPAL, 2020a).

MIPYME: Empresas enfrentan una situación adversa ante la pandemia, con efectos como pérdida importante de ingresos, aumento de insolvencia y dificultades de acceso al crédito; significando para las MIPYME mayores dificultades en el mantenimiento de sus operaciones (Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; CEPAL, 2020a, 2020b y 2020c; FUSADES, 2020). En la región de AL y el Caribe, las MIPYME representan casi el 99% de las empresas, y se constituyen como la mayor proporción dentro de casi todos los sectores de actividad económica, según CEPAL (2020a). Naciones Unidas especifica que las personas empleadas en estas empresas son vulnerables a la crisis, con énfasis en aquellas dirigidas por mujeres (UN, 2020), viéndose los empleados sumamente afectados a través de la reducción de ingresos; mientras que los empresarios de MIPYMES enfrentan la incapacidad de pagar salarios, contribuciones y aportes a seguridad social; con riesgos de quiebra, situación que significa un alto costo social dada la elevada participación de MIPYMEs en la creación de empleos formales (representan más del 50% de empleo formal en AL y el Caribe) (CEPAL, 2020a y 2020c). Estos efectos pueden extenderse a un mediano y largo plazo, significando posibles bancarrotas generalizadas y aumento de desempleo, según el BM (2020), dependiendo de las medidas de contención ante la pandemia.

Remesas: En el corto plazo, todos los documentos y entidades estudiadas especifican que la región de Centroamérica, y en específico, El Salvador, se ven sumamente afectados por la reducción de remesas de migrantes, principalmente debido a la contracción de la economía de EEUU y el consecuente aumento en el desempleo en ese país, siendo uno de los shocks más importantes. Se estima que por cada punto porcentual menos de crecimiento en EEUU, las remesas se contraerían un 10% (Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; UN, 2020), llegando hasta un 20% menos (ICEFI, 2020b).

Se remarca que estos efectos podrían extenderse a un mediano plazo, con una contracción en los flujos de remesas para América Latina y el Caribe de entre un 10% y un 15% en 2020, y que podría pasar entre 4 a 8 años para recuperar el monto alcanzado previamente (CEPAL , 2020b); mientras que en El Salvador se perderían entre 4,821 y 5,084 millones para 2020 y 2021 respectivamente en concepto de remesas (SIECA, 2020). Este impacto se traduciría en el crecimiento económico a través del consumo privado (BM, 2020; WB, 2020) y en mayor pobreza (BM, 2020; ESEN, 2020).

Innovación: En un corto plazo, se prevé que la crisis acelerará cambios estructurales como la virtualización de las relaciones económicas y sociales, el teletrabajo y la digitalización; lo anterior constituye una ventaja para empresas adelantadas tecnológicamente y una desventaja para aquellas que no, sobretodo en las MIPYME (CEPAL, 2020a). Se estima un impacto en el área de educación, dado que muchos países no cuentan con infraestructura de tecnología en sus instituciones educativas para garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, sumado a las brechas de acceso a internet y computadoras en los hogares y desafíos en la formación de docentes en Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) (CEPAL, 2020a, UN, 2020), también se indica que esta debilidad en TICs dificulta acceso a información de salud y telemedicina (UN, 2020).

En un mediano plazo, largos periodos de cuarentena podrían fomentar mayor inversión en la automatización y la robótica, y la seguridad de la infraestructura digital se vería en la necesidad de ser fortalecida (CEPAL, 2020a).

4.3 Recomendaciones de acciones y políticas económicas ante la pandemia.

Salud: Entidades y documentos estudiados concuerdan en que en el sector salud, las medidas a corto plazo implican un fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud y un consecuente mayor gasto en esta área, proporcionando y garantizando productos farmacéuticos, suministros médicos, acceso a pruebas COVID-19, asistencia médica y mayor contratación de personal  e inversión en infraestructura de salud. La acción debe ser inmediata, robusta y coordinada en términos de salud para aportar una respuesta que permita suprimir el virus y enfrentar  las demás dimensiones económicas y sociales de la pandemia. Además, gran cantidad de documentos amplían la recomendación de mantener medidas de contención, cuarentena, restricción de movimiento de personas, reducción de contacto y distanciamiento físico, establecer comunicación clara y efectiva sobre el estado de la pandemia, así como campañas de educación información para evitar contagios, y el colapso de la infraestructura de salud (UN, 2020; BID, 2020; Blackman, et.al., 2020; IMF, 2020; OECD, 2020; WB, 2020; SIECA, 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; FUSADES, 2020)

La medida más efectiva para salvar vidas y proteger la economía sigue siendo la supresión de la transmisión del virus, a pesar de sus costos económicos a corto plazo (UN, 2020; IMF, 2020). Sin embargo, se requieren esfuerzos para una apertura y transición a mediano plazo al libre movimiento y posterior estabilización a largo plazo, lo que significa construir un confinamiento focalizado más eficaz, con capacidad de realizar pruebas móviles y protocolos de salud (Blackman, et. al., 2020; IMF, 2020; ESEN, 2020). Se subraya la necesidad en el largo plazo de invertir en sistemas de salud resilientes, que puedan enfrentar retos como la amplia informalidad y perseguir reformas estructurales para evitar crisis futuras, preparándose para epidemias nacionales y desarrollando mejores sistemas de monitoreo e inversión en infraestructura (WB, 2020; ICEFI, 2020a).

Se remarca que la crisis es humana (IMF, 2020; UN, 2020), posee una naturaleza doble: económica y de salud, que representa un reto para “policymakers” al contener y armonizar ambas dimensiones a la vez (WB, 2020; CEPAL, 2020a; IMF, 2020; OECD, 2020; SIECA, 2020; FUSADES, 2020). Se ha tratado de gestionar el “trade-off” entre costos de salud y costos económicos, sin embargo, lograr el equilibrio requiere evaluar el impacto de medidas en ambas dimensiones para contener la pandemia: ambos costos afectan a personas y familias, por lo que se requieren medidas conjuntas de política mejores que conduzcan a un menor costo total en las sociedades tomando en cuenta la evolución de la crisis económica y sanitaria (BM, 2020; Blackman, et. al, 2020).

Producción y crecimiento económico: Desde un punto de vista económico, el soporte de las pérdidas reales debería centralizarse en el gobierno, dado que la pandemia conlleva riesgos no asegurables (BM, 2020). Es preciso desarrollar una serie de fases para la recuperación de la economía (BID, 2020; Blackman, et. al., 2020; IMF, 2020), entrando en las fases de corto plazo amortiguar impactos ante la caída de la actividad económica, absorber el shock y disminuir costos (BM, 2020; IMF; 2020; OECD, 2020).           

A mediano plazo, en la transición para la normalización, se recomienda gradualidad en el levantamiento de medidas de contención (IMF, 2020), estimular la oferta y demanda agregada de forma simultánea (FUSADES; 2020), y proveer recursos para estimular la reactivación económica (BCIE, 2020; FUSADES, 2020). A largo plazo, la comunidad mundial se enfrenta a reformar la globalización profundamente dado que no ha funcionado como se esperaba (CEPAL, 2020a; CEPAL, 2020c). Políticas industriales que permitan fortalecer capacidades productivas y generación de nuevos sectores estratégicos y productivos son de relevancia para la región (CEPAL, 2020b; WB, 2020). Aprender de la crisis y avanzar hacia los ODS y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático podrían ser herramientas para mejorar los retos del desarrollo económico ante la pandemia, siendo necesario plantear hoja de ruta para su cumplimiento, e incluyendo la necesidad de reformas estructurales haciendo énfasis en un crecimiento económico que incluya la sostenibilidad ambiental, la toma en cuenta del cambio climático, y la inclusión (CEPAL, 2020a; UN, 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; ICEFI, 2020b; ICEFI, 2020a, WB, 2020). El desarrollo de sanos marcos de política fiscal puede apoyar a una recuperación resiliente (WB, 2020; ICEFI, 2020a; ICEFI, 2020b).

Fiscal: En países en desarrollo es imperativo expandir el espacio fiscal lo que requiere acceder a condiciones de financiamiento favorables (Blackman et. al., 2020; CEPAL, 2020c), relajar metas fiscales y procurar el uso de fondos de ahorro, flexibilizar para redirigir presupuestos estatales, revisar leyes de responsabilidad y reglas fiscales procíclicas que solo se enfocan en el gasto y no en los ingresos (CEPAL, 2020b y c; UN, 2020; Nuguer y Powell, 2020; Blackman et. al., 2020) ya que como explica el BID (2020) las medidas sanitarias incluyen un cierre parcial de las economías y el distanciamiento social. Sin embargo, esto no será suficiente si la cooperación internacional y organizaciones multilaterales no brindan apoyo mediante el diseño de nuevos instrumentos técnicos y financieros, así como considerar la posibilidad de conceder préstamos con bajos intereses y ofrecer alivio y aplazamiento de la deuda, además, la cooperación internacional debería dar apoyo a respuestas basadas en condiciones locales (CEPAL, 2020a y c; UN, 2020; WB, 2020).

Si bien, para países con poco espacio fiscal se recomiendan medidas de alivio y no de incentivo, destacan algunas medidas recomendadas para las empresas del sector privado como el aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, así como considerar inyecciones equitativas para prevenir que empresas altamente productivas salgan del mercado (BM, 2020; WB, 2020). Mientras que para la población en general también se recomienda proceder a la desgravación fiscal, retrazar plazos de prestación de presentación de declaraciones de impuesto o exenciones de los mismos, reducciones temporales de pagos y cargos de seguridad social y agilizar devoluciones tomando en cuenta el criterio de focalización y transitoriedad (CEPAL, 2020b; OCDE, 2020; Nuguer y Powell, 2020; UN, 2020), moratoria temporal de IVA a alimentos de canasta básica, medicamentos y equipos médicos, prórrogas en pagos de electricidad, agua o gas o prohibiciones al corte de estos, y acuerdo con bancos y aseguradoras para prohibir desahucio a hogares que no pagan hipotecas temporalmente (Blackman et. al., 2020).

Finalmente, a corto plazo el principal desafío es evitar un colapso de los sistemas de salud aumentando el gasto sanitario (IMF, 2020; Nuguer y Powell, 2020) y a mediano plazo invirtiendo en infraestructura en ese sector (BID, 2020). Es clave para la reactivación priorizar medidas sanitarias para reducir de manera confiable los riesgos de infección que impiden la actividad económica (Blackman et. al., 2020). Nuevamente, en el ámbito fiscal es de suma relevancia que se establezcan mecanismos de focalización efectivos (OCDE, 2020; WB, 2020)

Financiera: Evitar una crisis financiera debería ser prioridad para los gobiernos dados los riesgos existentes, significando para bancos centrales como elemento clave e importante garantizar la liquidez y garantizar el funcionamiento y estabilidad del sistema financiero (CEPAL, 2020a y 2020b; BM, 2020; CEPAL; BID, 2020; Blackman, et. al., 2020; IMF, 2020; WB, 2020; FUSADES, 2020). La consideración de crédito sin intereses a empresas para pago de salarios y apertura de líneas de crédito especiales es la principal medida presentada (dirigidas a sectores estratégicos) (CEPAL, 2020a, y 2020b; BM, 2020; UN, 2020; Nuguer y Powell, 2020; BID, 2020; Blackman, et. al., 2020; IMF, 2020; FUSADES, 2020)..

También se incluye entre las medidas aplazamiento de pago de préstamos, alivio regulatorio y dependiendo de la gravedad, moratoria de la deuda y ajustes para el calendario del pago de esta que podrían evitar impagos costosos (CEPAL, 2020a; BM, 2020; BID, 2020; Blackman, et. al., 2020; IMF; 2020). Una medida importante es la intervención directa de los gobiernos, a través de compra de bonos o respaldo de programas de compra de activos y proporcional capital de operaciones con préstamos (financiar deuda privada y transferir riesgos y pérdidas a balances públicos) o financiamientos parciales para evitar despidos en empresas, generar esquemas de soporte de salario y proveer apoyo en su solvencia (BM, 2020; BID, 2020; Nuguer y Powell, 2020; UN, 2020; CEPAL, 2020c).

Acciones para preservar la liquidez a través de reducir tasas de interés de bancos centrales para abordar deuda pública y privada se ponen en consideración (CEPAL, 2020b; UN, 2020; BID, 2020).

A mediano plazo, garantizar la estabilidad económica y financiera significa una recuperación más rápida de la crisis (BID, 2020), contener y regular el desacoplamiento de los mercados financieros se vuelve necesario ante crisis como la presente (CEPAL, 2020a). Se remarca la importancia para países en desarrollo, con restricciones financieras y con espacio fiscal reducido como El Salvador, de recibir apoyo financiero internacional para fortalecer la recuperación y proveer recursos a través de préstamos con bajos intereses y alivio a la deuda (UN, 2020; WB, 2020; CEPAL, 2020a; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; IMF, 2020).

Pobreza: En todos los documentos estudiados se coincide fuertemente en que reforzar los sistemas de protección social se vuelve prioridad para apoyar poblaciones vulnerables es vital, incluyendo en un corto plazo una mayor asistencia social y ampliación de programas no contributivos, siendo la principal medida transferencias de efectivo para aliviar la pérdida de ingresos de los hogares. Se incluyen elementos a tomar en cuenta al respecto como la transparencia en la entrega de estas transferencias (BID, 2020), su focalización y su temporalidad limitada (BID, 2020; Blackman, et. al., 2020; CEPAL 2020c; OECD, 2020; IMF, 2020). De forma similar, se incentivan las Iniciativas de distribución de alimentos en periodos de distanciamiento físico son parte de medidas de respuestas (BM, 2020; INCAE, 2020; WB, 2020; ESEN, 2020). Se consideran entre otras medidas no cobrar o evitar el corte de servicios básicos (agua, luz, internet) a personas vulnerables durante la pandemia (CEPAL, 2020a y 2020c; BM, 2020; Blackman, et. al., 2020; WB, 2020; FUSADES, 2020) o subsidiar estos servicios total o parcialmente (Nuguer y Powell, 2020). La moratoria temporal de impuestos, entre ellos el IVA a alimentos de canasta básica, medicamentos y equipos médicos también se incluye (Blackman, et. al., 2020; OECD, 2020; IMF, 2020; WB, 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020). La consideración del pago de hipotecas y alquileres y otras exenciones para evitar crisis de vivienda y ejecuciones hipotecarias de empresas se plantean como opción (CEPAL, 2020a; Blackman, et. al., 2020; CEPAL, 2020c; Nuguer y Powell, 2020).

La protección social ayuda no sólo a aliviar el sufrimiento a corto plazo, también contribuye a generar resiliencia, estímulo y recuperación económica (UN, 2020; BID, 2020; IMF, 2020; ICEFI, 2020a). En el mediano plazo, se debe abordar las desigualdades entre países y grupos sociales, que se convirtieron en fragilidad ante la pandemia (CEPAL, 2020a y 2020c), haciéndose un llamado para un mediano y largo plazo de conducir un Estado de bienestar que incluya construir o reforzar un sistema de protección social universal, y con un alcance permanente de transferencias monetarias o una renta básica que pueda abarcar más los estratos pobres y vulnerables (BM, 2020; CEPAL, 2020c; WB, 202; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; ICEFI, 2020a; ICEFI, 2020b; FUSADES, 2020).

Laboral: En el corto plazo las políticas deben ser temporales (Blackman et. al., 2020; IMF, 2020) y es necesario un alivio fiscal de primer momento que sea de un monto suficiente para proteger ingresos y empleos (CEPAL, 2020a y 2020b; BM, 2020; UN, 2020; Nuguer y Powell, 2020; BID, 2020; Blackman et. al., 2020). Entre las medidas es imperante reforzar y ampliar los sistemas de protección social en apoyo a poblaciones vulnerables, incluyendo las prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo. (CEPAL, 2020a, b y c; BM, 2020; UN, 2020; Nuguer y Powell, 2020). Tomando en cuenta que las medidas adoptadas en centroamérica tienen un enfoque regresivo ya que en su mayoría no tienen forma de llegar a los 2/3 de la fuerza laboral que es informal y altamente vulnerable (Nuguer y Powell, 2020), las acciones deben encaminarse a prevenir la expansión de ese sector y brindar apoyo inmediato a trabajadores de las MIPYME (CEPAL, 2020a y b; UN, 2020; Blackman et. al., 2020; CEPAL, 2020c). El apoyo a empleos debe tener un enfoque dual, por un lado con medidas fiscales dirigidas directamente a las personas trabajadoras (BM, 2020) y, por el otro, orientado a empleadores que permitan el desarrollo de otras actividades económicas (UN, 2020), focalizado a empresas con mayor proporción de mujeres y grupos socialmente desfavorecidos. Además es necesario incorporar esquemas de retención de empleo (UN, 2020) y flexibilización de la relación entre empresa y trabajador (CEPAL, 2020c).

En la fase de recuperación serán necesarios estímulos fiscales así como el diseño de programas temporales focalizados en población vulnerable (BID, 2020). Contar con subsidios puede necesitar ser un importante componente de la estrategia fiscal para alentar a empresas a contratar trabajadores desempleados así como programas de entrenamiento laboral y políticas de mercado laboral activas podrían ayudar a que desempleados encajen en vacantes (IMF, 2020). A largo plazo, es necesaria la adopción de políticas industriales que permitan a la región fortalecer sus capacidades productivas y generar nuevas en sectores estratégicos (CEPAL, 2020b).

MIPYMES: Se impulsa el apoyo a MIPYMES para prevenir bancarrotas y pérdidas de trabajo (BID, 2020; CEPAL, 2020a y 2020b; UN, 2020). Garantizar la disponibilidad de financiamiento y liquidez en un contexto de necesidades de capital humano es vital para MIPYMES, con el apoyo de gobiernos, instituciones e intermediarios financieros y bancos, con medidas condicionadas (como subsidios salariales) para que se orienten a mantener empleos (BM, 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; CEPAL, 2020b; IMF, 2020; Nuguer y Powell, 2020; UN, 2020). Se ofrecen incentivos como aplazamiento y moratoria de pago de impuestos, créditos empresariales y cotizaciones a la seguridad social, así como renegociación de préstamos con condiciones más blandas (BM, 2020; BID, 2020; Blackman, et. al., 2020;  Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; ICEFI, 2020a; IMF, 2020;  INCAE, 2020; Nuguer y Powell, 2020; UN, 2020). Acceso a préstamos subsidiados, garantías de crédito, créditos sin intereses, y provisión de capital  pueden ser medidas efectivas, sin embargo, esto puede ser limitado en países donde el acceso a crédito para MIPYMES es reducido (BM, 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; CEPAL, 2020c; IMF, 2020; Nuguer y Powell, 2020; UN, 2020; WB, 2020), se da énfasis en apoyo a MIPYMES con mayor proporción de mujeres y emprendimientos de mujeres (Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; UN, 2020)

A mediano y largo plazo, garantizar la estabilidad económica y financiera de las empresas, y la capacidad productiva básica permanece intacta, se podría acelerar la recuperación (BID, 2020; IMF, 2020). Existen retos estructurales en países en desarrollo en términos de MIPYME que deben enfrentarse, como las restricciones financieras, requiriendo mejorar la disponibilidad financiera para necesidad de capital urgente con medidas como préstamos temporales del gobierno con riesgo compartido a través de garantías de crédito público (WB, 2020), o compras gubernamentales a MIPYMES (Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020). Mejorar el acceso, otorgar facilidades de higiene e impulsar encadenamientos clave incorporando a las MIPYME resulta valioso en esta etapa (INCAE, 2020).

Remesas: Las remesas tienen una gran importancia fuerte para la región y el país por las entidades y organismos del estudio, sin embargo, más allá de la adopción de servicios financieros digitales que reduzcan sus costos y aumenten su conveniencia a corto plazo (SIECA, 2020) no hay mayores medidas específicas al respecto en los documentos al ser un canal de shock externo para los países. Al afectar los niveles de ingreso, se aplica para la población las recomendaciones en torno al área de pobreza.

Innovación: A corto plazo, se insta a implementar un “gobierno electrónico” para amortiguar la caída económica (BM, 2020; FUSADES, 2020), y mantenerlo en el futuro (INCAE, 2020).  Se refuerza el uso de sistemas de pagos digitales y plataformas de pago móviles para facilitar las transferencias de efectivo a población vulnerable (OCDE, 2020; BM, 2020; WB, 2020). Un mayor apoyo a la educación a través de la provisión de soluciones de aprendizaje a distancia con un enfoque multimedia que garanticen la continuidad del aprendizaje y permitan la adaptación a la “home school” se vuelven vitales (ICEFI, 2020a; UN, 2020). Se puede generar un aprovechamiento en la provisión de infraestructura digital que aseguren la provisión de servicios a hogares (sobre todo en el sector informal), a la vez que se fomenta la adopción de tecnología (WB, 2020). La innovación basada en evidencia ilumina el camino de salida a la crisis, por lo que se indica que la comunidad de investigación (gobierno, academia y sector privado) dentro de ciencias sociales y naturales juegan un rol en la formulación de políticas (UN, 2020).

A mediano plazo, la adopción de amplias tasas de tecnología e inversiones sostenibles es necesario; reforzadas a largo plazo a través de la reducción de subsidios de energía que liberaría recursos para incrementar inversión en tecnologías verdes (WB, 2020). También se incita a crear un fondo público de apoyo a la innovación que reduzca la brecha tecnológica en unidades productivas en el país (ICEFI, 2020a),  generando apoyo técnico a estas empresas para adaptarse a través de las TICs (Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020) y en general un aprovechamiento de las tecnologías emergentes (INCAE, 2020), significando cambios en la reorganización para relocalizar procesos críticos con tecnologías (como la manufactura aditiva), y la adecuación de empresas a medidas de distanciamiento a través de la robótica, automatizacion (estos dos podrían llevar a reducir la importancia de bajos costos laborales como factor de productividad) y uso del teletrabajo (CEPAL, 2020b y 2020c; FUSADES, 2020; Nuguer y Powell, 2020).

Resumen de recomendaciones

Tabla 2: Principales recomendaciones en materia de salud y económica ante la pandemia del COVID-19.

Fuente: Elaboración propia.

5. Elementos en torno a la planificación de las políticas económicas:

El Estado debe asumir actividades de planificación para el desarrollo de las políticas económicas (CEPAL, 2020; BM, 2020), incorporando al sector académico en la formulación de estas (UN, 2020). Gobiernos deberían hacer una declaración política sobre la forma de gestionar la crisis, generando una buena comunicación (coherente, continua y completa) sobre metas y objetivos de las medidas tomadas; permitiendo reducir costos económicos, coordinar expectativas y ayudar a agentes a adaptarse a la nueva situación y recuperar confianza, siendo esta acción un equivalente a un pacto social (BM, 2020; BID, 2020; WB; 2020; Blackman et. al., 2020; OECD, 2020). La necesidad de ser pragmático, flexible y ajustar a la realidad es imperante en el desarrollo de las políticas: a pesar de que no hay “receta perfecta”, se deben pensar cuidadosamente efectos de medidas en conjunto tanto económicas como sanitarias (Blackman, et.al., 2020; SIECA, 2020

La coordinación (énfasis con gobiernos locales) representa una forma de enfrentar las necesidades socioeconómicas y de salud ante la pandemia, y evitar crisis políticas, por lo que se requiere esfuerzo en la gobernanza (CEPAL, 2020a; UN, 2020; Blackman et. al., 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020), haciéndose un llamado a la cohesión social, de importancia para países que experimentan fragilidad que pueda resultar en conflictos (BM, 2020; UN, 2020), también se promueve el diálogo efectivo y consensos en la elaboración de políticas (UN, 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020).

Se remarca la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y profesionalidad en la adquisición y gestión pública para mantener la confianza del gobierno (BM, 2020; Blackman et. al., 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020; ICEFI, 2020b). La protección de derechos humanos y un énfasis en género y en inclusión debe incorporarse en las políticas económicas (UN, 2020; Blackman et. al., 2020; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020).

Se requiere una mayor coordinación de políticas multilaterales, recordando sus beneficios en torno a un nuevo modelo de desarrollo (CEPAL, 2020a), pero existe una alta probabilidad de un escenario donde los esfuerzos se vuelquen a acuerdos regionales (CEPAL, 2020b y 2020c; Cabrera, Guzmán y Pichardo, 2020).

6. Conclusiones

El Salvador presentaba condiciones de debilidad macroeconómica y social que en conjunto con condiciones fiscales frágiles propiciaron que su economía fuera de las más vulnerables de la región latinoamericana ante la pandemia COVID-19. En general, el sistema de salud público era débil, en condiciones deficientes en términos de equipo e infraestructura. Esta situación se combinaba con debilidades en términos económicos: el crecimiento espurio y reducido de los últimos años, junto al limitado espacio fiscal que se tenía, las condiciones adversas para el acceso a fondos en mercados internacionales, la dependencia en términos de remesas, un sistema de protección social insuficiente y bajos indicadores sociales representan serias vulnerabilidades de la región y sobre todo el país antes de la pandemia.

Se identificó que los principales impactos recaen en torno al área de salud, que es la que sufre mayor presión ante la pandemia, requiriendo acción inmediata y atención constante. Las regulaciones y medidas que se orienten en materia de salud para controlar la pandemia tienen efectos fuertes en la actividad económica. La producción y el crecimiento económico se ve mermado tanto en la oferta y demanda agregada, como por shocks externos, internos y financieros. Los impactos en el área fiscal serán sumamente preocupantes en América Latina y en El Salvador, expresados principalmente en la profundización del debilitamiento de la estructura fiscal y aumentos de la deuda, dada la necesidad del Estado de generar apoyo ante la crisis, mientras que los impactos financieros limitan la liquidez y posibilidad de actuación en materia de política económica.

Repercusiones en el ingreso significarán un aumento pobreza, teniendo relación con los impactos negativos que se visualizarán en el área laboral, al alcanzar la crisis sectores formales e informales de la economía; así como MIPYMES, que son vitales en la estructura económica y laboral de países como El Salvador. Reducciones en el flujo de remesas agravarán estas situaciones, y repercusiones en materia de innovación repercutirán en un mediano y largo plazo.

Las principales recomendaciones se orientan en materia de salud a contener la transmisión del virus, otorgándole prioridad a la inversión en este sector. No se debe dejar de lado la actividad económica, preparando planes para la reapertura y medidas de reducción y absorción de efectos negativos. Lo anterior significa una mayor recarga sobre el área fiscal (en un país con limitada o nula capacidad de política monetaria) dada una necesidad de inversión en sectores clave (salud sobre todo) y gasto social, de medidas de alivio fiscal temporal y medidas contracíclicas; requiriendo liquidez a corto y mediano plazo, significando una protección al sistema financiero y la necesidad de obtención de fondos en una economía con altas limitaciones en materia de recursos.

Apoyo urgente para la población en situación de pobreza, o que por la pandemia, se ven en vulnerabilidad de caer en ella es necesario; significando el uso de transferencias monetarias o alimentarias y replanteamiento de un sistema de protección social. Esto se complementa con medidas que permitan proteger y reactivar los empleos gradualmente, evitando situaciones de vulnerabilidad como mayor empleo informal. Ante lo anterior, medidas de apoyo (sobre todo crediticio y de alivio en materia fiscal) se impulsan en MIPYMES, que permitan mantenerlas con vida. Incorporación de TICs e innovaciones en los sectores económicos (así como en facilitar remesas) permitirían mantener estable las actividades gubernamentales, y serían de vital apoyo para la reactivación en una nueva normalidad.

7. Recomendaciones 

La planificación en el desarrollo de las políticas públicas ante la pandemia del COVID-19 es importante, incorporando recomendaciones académicas en su formulación. Dentro de las medidas de política pública debe hacerse énfasis en el criterio de transitoriedad, aplicando medidas con tiempo definido de vigencia, sin propiciar una posible prolongación de las mismas ya que en su mayoría podrían afectar las finanzas públicas y la efectividad de los resultados esperados. También debe echarse mano de las estadísticas y mediciones disponibles para el país que ayuden a suprimir sesgos e ineficiencias en el proceso de focalización de medidas. Se apoya tomar en cuenta los siguientes elementos como principios o ejes transversales en el desarrollo de las políticas: comunicación coherente, continua y completa; flexibilidad y pragmatismo; diagnóstico de efectos económicos y sanitarios; coordinación y gobernanza; cohesión social, diálogo efectivo y consenso; transparencia, rendición de cuentas y profesionalidad; protección de derechos humanos y énfasis en género e inclusión.

Se debe dar por sentado que el sector salud ante una pandemia es el más afectado y el que debe actuar con mayor agilidad. Por tanto, se recomiendan tres áreas de acción principales, en primer lugar, fortalecer la capacidad de sistemas de salud en términos presupuestales y de infraestructura, así como insumos y capacitación frente al COVID-19 y a largo plazo para generar resiliencia, estableciendo como prioridad de gasto este sector; el segundo es mantener y promover medidas de distanciamiento social mediante comunicación institucional clara y precisa de pasos a seguir; y en tercer lugar, establecer medidas conjuntas de política con otras áreas, en particular durante el proceso de reapertura de la actividad económica para prevenir contagios y agilizar la recuperación económica. Dicho lo anterior, y ante el contexto actual del país de inicio de reinicio de la actividad económica, se recomienda procurar una reactivación económica rápida y planificada, apostando principalmente por recuperar sectores clave que sean por un lado los más afectados (como turismo), o bien, que generen la mayor cantidad de empleos (como MIPYMES) e industrias estratégicas con encadenamientos significativos para el país.

Para lograr lo anterior es preciso no solo considerar las necesidades de política y los gastos en salud y sociales realizados a la fecha, sino también las condiciones económicas previas. El Salvador se encontraba en un proceso tambaleante con relación a su política fiscal y por ello es de suma importancia retomar la persecución de un pacto fiscal que no persiga medidas tradicionales de ajustes laxos y procíclicos, sino procesos drásticos dentro del marco factible para al menos sobrellevar las medidas transitorias de la pandemia. Asimismo, se encuentra con dificultades en recursos y liquidez, enfrentándose a un mercado financiero adverso en el que no se recomienda una búsqueda de grandes montos de financiamiento; recomendándose el apoyo de préstamos a través de instituciones financieras internacionales y garantizar la sostenibilidad del sistema financiero, a la vez que se retoman los elementos a mejorar en materia fiscal.

Finalmente, para aminorar los efectos del shock urge abordar sectores más vulnerables mediante transferencias en efectivo y subsidios o prolongaciones de pago de servicios básicos, así como fortaleciendo los sistemas de protección social que lleguen a la población vulnerable y a las y los trabajadores informales, evitando altos incrementos en las tasas de pobreza. Deberá considerarse alivios fiscales temporales para proteger ingresos por al menos seis meses desde el inicio de las medidas de distanciamiento social, y programas de fortalecimiento de capacidades orientado a población desempleada. A la vez, debe haber políticas fuertemente orientadas a garantizar disponibilidad de financiamiento y liquidez para las MIPYME e industrias estratégicas con la condición de mantener el nivel de empleo.

Por último, se debe apoyar la incorporación de la innovación, tecnologías emergentes y apoyo en TICs para la adaptación a la nueva realidad; así como la orientación de las medidas de política económica hacia un desarrollo sostenible, cumpliendo los ODS y metas de cambio climático del Acuerdo de París, permitiendo generar mayor resiliencia ante futuras crisis económicas.

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